Según la normativa vigente, el impuesto sobre el uso de tierras agrícolas está exento hasta el 31 de diciembre de 2025. Recientemente, el Ministerio de Finanzas continuó proponiendo la exención y reducción del impuesto sobre el uso de tierras agrícolas (ADT) hasta el 31 de diciembre de 2030. Esto no es solo una solución para apoyar a los agricultores, sino también una estrategia a largo plazo para desarrollar una agricultura sostenible, mejorar la competitividad en el contexto de una profunda integración económica internacional; crear empleos para las zonas rurales y promover un nuevo desarrollo rural.
En concreto: Resolución N° 55/2010/QH12 de 24 de noviembre de 2010, que regula la exención y reducción del impuesto al uso del suelo. Sector agrícola en el período 2011-2020. La Resolución n.º 107/2020/QH14, de 10 de junio de 2020, continúa extendiendo el período de exención fiscal hasta el 31 de diciembre de 2025. Por lo tanto, la propuesta de extender el período de exención fiscal hasta 2030 es el siguiente paso en una serie de políticas coherentes con una sólida base jurídica, destinadas a satisfacer las necesidades prácticas del desarrollo agrícola y la estabilidad de la seguridad social. Considero que esta propuesta demuestra claramente tres objetivos:
En primer lugar, apoyar a los agricultores y promover la producción agrícola: Las exenciones fiscales ayudan a reducir los costos de los insumos para las familias agrícolas, especialmente para los pequeños agricultores. Esto les permite continuar la producción, mantener sus medios de vida y contribuir a garantizar la seguridad alimentaria nacional.
En segundo lugar, fomentar la inversión en agricultura: En los últimos años, el Gobierno ha promovido la atracción de inversiones en agricultura de alta tecnología y agricultura orgánica. La política de exención del impuesto sobre el uso de tierras agrícolas ayuda a las empresas a reducir la carga financiera al invertir en áreas de materias primas o en proyectos agrícolas a gran escala.
En tercer lugar, contribuir a la equidad social y al desarrollo sostenible: Muchas zonas rurales aún enfrentan dificultades y bajos ingresos promedio. La política de exenciones fiscales es una de las medidas para crear equidad entre las zonas urbanas y rurales, promoviendo así un desarrollo económico integral y sostenible.
Una de las cuestiones que se plantea con frecuencia es que la exención fiscal puede afectar los ingresos presupuestarios. Según el ministro de Finanzas, Nguyen Van Thang, al resumir y evaluar más de 20 años de implementación de la política de exención y reducción del impuesto sobre el uso de tierras agrícolas, el monto total de este impuesto exento y reducido en el período 2001-2010 promedió aproximadamente 3.268,5 billones de VND/año; en el período 2011-2016, aproximadamente 6.308,3 billones de VND/año; en el período 2017-2020, aproximadamente 7.438,5 billones de VND/año; y en el período 2021-2023, aproximadamente 7.500 billones de VND/año. Esta cifra es elevada, pero aún pequeña en comparación con los impactos positivos de la exención del impuesto sobre el uso de tierras agrícolas. Más importante aún, este costo de "pérdida de ingresos" puede considerarse una inversión social razonable. Porque, al mantener una producción agrícola estable, el Estado puede reducir la carga de los subsidios sociales, prevenir el desempleo en las zonas rurales y estabilizar la situación social; valores que no se pueden medir con cifras específicas. Razonabilidad y necesidad en el momento actual.
Las evaluaciones realizadas en las localidades muestran que no ha habido grandes problemas en la implementación de esta política de exención y reducción de impuestos y las localidades creen que continuar eximiendo y reduciendo el impuesto a las tierras agrícolas es apropiado y necesario para incentivar el desarrollo de la producción agrícola y promover la transformación estructural del sector agrícola.
De hecho, el sector agrícola vietnamita aún enfrenta numerosos desafíos: el cambio climático, los altos costos de los materiales, la presión competitiva derivada de la integración internacional y, en especial, el abandono de los campos en algunas localidades debido a las bajas ganancias de la agricultura. En ese contexto, mantener la política de exención de impuestos es una medida indirecta, pero eficaz, para incentivar la permanencia de la población en el campo. Desde una perspectiva legal, esta política debe ser estable a largo plazo para brindar tranquilidad a los usuarios de la tierra. Extender el período de exención de impuestos hasta 2030 ayudará a las personas y organizaciones a planificar una producción y negocios sostenibles, a la vez que generará confianza en las políticas estatales.
Si bien apoyo esta propuesta, también considero que se requieren ciertas mejoras para que la política sea más efectiva. Es necesario identificar claramente a los sujetos de exención fiscal, garantizando que solo quienes realmente utilicen la tierra para fines agrícolas, sin transferirla ni arrendarla para fines indebidos, disfruten de incentivos; es necesario fortalecer la supervisión, evitar el aprovechamiento de la política y contar con un mecanismo de inspección y postinspección para detectar y gestionar los casos de aprovechamiento de las políticas de exención fiscal para ocupar tierras o usarlas para fines inadecuados. En combinación con otras políticas, la exención fiscal es solo una parte de la política agrícola general. Es necesario combinarla con el apoyo crediticio, la ciencia y la tecnología, el seguro agrícola y la capacitación técnica para impulsar integralmente el sector.
La propuesta de extender el período de exención del impuesto sobre el uso de tierras agrícolas hasta finales de 2030 es una política correcta, acorde con la ley y el contexto práctico. Esta política no solo apoya la economía, sino que también demuestra la preocupación del Estado por los agricultores, una fuerza importante y persistente en la causa del desarrollo nacional. La continuación de esta política debe ser considerada y aprobada por la Asamblea Nacional con una base científica, práctica y estrictamente legal. Al mismo tiempo, los organismos competentes deben garantizar una implementación seria y transparente para que la política no solo sea correcta, sino que también alcance a los sujetos, los objetivos y el momento adecuados.
Fuente: https://baolangson.vn/tiep-tuc-mien-thue-su-dung-dat-nong-nghiep-den-het-nam-2030-tiep-suc-nong-dan-5049513.html
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