Las escuelas están funcionando con normalidad, pero detrás de escena persisten las preocupaciones de padres y profesores sobre los cambios en las políticas educativas bajo el segundo mandato del presidente Donald Trump.
Uno de los mayores problemas del nuevo año escolar es la falta de financiación. La administración Trump ha congelado la financiación de las escuelas públicas y recortado los presupuestos de investigación universitaria.
Además de los factores políticos , la educación estadounidense también se ve afectada por fluctuaciones económicas y sociales: la inflación, la preocupación por los aranceles, el auge de la inteligencia artificial en las aulas o el movimiento para prohibir los teléfonos celulares. Los expertos afirman que la palabra clave de este año escolar es "incertidumbre".
Una de las medidas más notables fue la presión ejercida por la administración Trump sobre las escuelas para que se retiraran de sus iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI). La orden ejecutiva calificó la DEI de "peligrosa e inmoral". Para hacerla cumplir, el gobierno retuvo la financiación federal a las escuelas que se consideraba que violaban las leyes de derechos civiles. Ante la presión, muchas escuelas han disuelto o renombrado sus programas.
A nivel universitario, el impacto ha sido aún más grave, dada la gran dependencia de la financiación federal. La Universidad de Columbia acordó un acuerdo de 220 millones de dólares para poner fin a una investigación antidiscriminación. A Harvard se le congelaron 2000 millones de dólares en fondos, lo que dio lugar a litigios. La Universidad de California en Los Ángeles también se enfrenta a la pérdida de casi 600 millones de dólares. Los fondos de investigación, en particular en las áreas de género y raza, han sido un objetivo importante.
Para las escuelas públicas de primaria y secundaria, casi 7000 millones de dólares en fondos aprobados por el Congreso se congelaron justo antes de su desembolso. Aunque el dinero se liberó posteriormente, el retraso obligó a muchas escuelas a recortar sus planes de gasto.
El profesor Kris DeFilippis, de la Universidad de Nueva York, afirmó que los nuevos decretos y políticas aún carecen de claridad, lo que dificulta la asignación de fondos. Para las escuelas públicas en general, el cambio de políticas afectará directamente la capacidad de mantener sus operaciones, contratar y pagar al profesorado o mejorar la calidad de la formación.
Además, las políticas migratorias se están endureciendo. Muchas familias inmigrantes temen ser vigiladas, por lo que limitan la escolarización de sus hijos, lo que pone a muchos en riesgo de analfabetismo y crea distanciamiento en la comunidad. En la educación superior, el número de estudiantes internacionales está disminuyendo, lo que amenaza los ingresos y la diversidad académica.
El año escolar 2025-2026 también será el primero de prohibiciones generalizadas de teléfonos. Al menos 31 estados ya han implementado prohibiciones ante los rápidos avances tecnológicos, incluida la inteligencia artificial. Si bien no se permitirá el uso de teléfonos a los estudiantes, las escuelas deben encontrar maneras de ayudarlos a familiarizarse con la IA y a usarla de forma ética y humana.
Ante estos cambios, el profesor Kris señaló: «Las escuelas no funcionan de forma aislada, sino que siempre están bajo el control de los distritos escolares, los gobiernos estatales y el gobierno. Por lo tanto, cualquier cambio tiene un gran impacto en las escuelas, y el mayor impacto se produce en los estudiantes y el profesorado».
Fuente: https://giaoducthoidai.vn/my-nam-hoc-moi-ngon-ngang-thach-thuc-post745966.html
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