La Ley de Organización Gubernamental y la Ley de Organización de los Gobiernos Locales entrarán en vigor a principios de marzo.
A partir del 1 de marzo de 2025 entrarán en vigor dos leyes: la Ley de Organización Gubernamental y la Ley de Organización de los Gobiernos Locales.
Implementar el principio de “personas claras, trabajo claro, responsabilidades claras”
La Ley de Organización del Gobierno Local de 2025 consta de 7 capítulos y 50 artículos.
La Ley de Organización de los Gobiernos Locales de 2025 se diseñó y construyó sobre la base de tres principios básicos. Es decir, esta Ley es una ley general que regula los principios de delimitación de competencias, descentralización y delegación de competencias de los gobiernos locales, y sirve de base para leyes especializadas que regulan las funciones y competencias de los gobiernos locales en ámbitos específicos, garantizando así la conformidad y coherencia con las disposiciones de esta Ley.
La Ley crea un corredor legal para tratar cuestiones prácticas, eliminar los "cuellos de botella institucionales y políticos" con el fin de implementar de inmediato los puntos de vista rectores del Partido sobre la promoción de la descentralización y la delegación de poder entre los niveles central y local, entre los niveles de gobierno local, promoviendo la iniciativa y creatividad local según el lema "la localidad decide, la localidad actúa, la localidad asume la responsabilidad"; "cualquier nivel que resuelva el problema con mayor eficacia, asignarle tareas y autoridad".
Innovando el pensamiento legislativo, la Ley sólo regula cuestiones de principio, dentro de la competencia de la Asamblea Nacional para garantizar la estabilidad a largo plazo; al mismo tiempo, anticipa cuestiones que pueden cambiar y fluctuar según cada período del desarrollo del país para encomendar a la Comisión Permanente de la Asamblea Nacional y al Gobierno su regulación.
En particular, la Ley estipula un capítulo sobre la división de autoridad, descentralización, delegación y autorización entre autoridades locales en todos los niveles.
La Ley estipula siete principios para la división de autoridad, incluyendo nuevos contenidos tales como: Definir claramente el contenido y alcance de las tareas y poderes que las autoridades locales están autorizadas a decidir, organizar la implementación y asumir la responsabilidad de los resultados; asegurar que no haya duplicación o superposición de tareas y poderes entre agencias y entre autoridades locales en todos los niveles; consistente con la capacidad y condiciones para realizar tareas de las autoridades locales en todos los niveles; a las agencias, organizaciones e individuos asignados para realizar tareas y poderes de las agencias estatales superiores se les garantizan las condiciones necesarias para realizar tareas y poderes; asegurar el control del poder; responsabilidad de supervisión e inspección de las agencias estatales superiores; cumplir con los requisitos de gobernanza local; aplicar la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital.
Para fomentar el espíritu proactivo y creativo de las localidades, la Ley complementa la disposición de que "las autoridades locales propondrán proactivamente a las autoridades competentes la descentralización y delegación de autoridad a agencias, organizaciones e individuos competentes en la localidad para realizar tareas y poderes de acuerdo con la capacidad y las condiciones prácticas de la localidad".
En cuanto a las funciones del Consejo Popular, el Comité Popular aplica el principio de "personas claras, trabajo claro, responsabilidades claras" y evita la superposición de normativas y la duplicación de funciones y competencias entre los niveles de gobierno local y entre los organismos gubernamentales locales. La Ley estipula específicamente las funciones y competencias del Consejo Popular y del Comité Popular en cada unidad administrativa. En particular, la Ley ha dividido las funciones y competencias entre los niveles de gobierno local y entre el Consejo Popular y el Comité Popular del mismo nivel; el Comité Popular colectivo y el Presidente del Comité Popular individual donde se organiza el gobierno local, con el fin de ampliar las funciones, competencias y responsabilidades del Presidente del Comité Popular individual.
La Ley estipula tareas y poderes en una dirección general, centrándose en los campos de finanzas presupuestarias, estructura organizativa, nóminas, actividades de inspección y supervisión... asegurando el cumplimiento de los principios de delimitación de autoridad y asegurando la estabilidad a largo plazo de la Ley.
Definir claramente tareas y poderes
La Ley de Organización Gubernamental consta de 5 capítulos y 32 artículos. Por primera vez, la Ley de Organización Gubernamental incluye artículos sobre la división de autoridad, la descentralización, la delegación de autoridad y la autorización. Esta es una base jurídica fundamental para definir claramente las tareas y competencias del Gobierno, el Primer Ministro, los ministros y los jefes de los organismos ministeriales, así como la relación entre el Gobierno y los organismos que ejercen el poder legislativo y judicial, y la relación entre el Gobierno y las autoridades locales.
Las disposiciones de principio de esta Ley constituyen una base jurídica importante para construir y perfeccionar un sistema jurídico especializado sincrónico y unificado.
Respecto a algunos puntos nuevos, la Ley ha resuelto las relaciones entre el Gobierno y los órganos del sistema del aparato estatal, entre los órganos que ejercen el poder ejecutivo y los órganos que ejercen el poder legislativo, y los órganos que ejercen el poder judicial.
Al definir claramente esta relación, la Ley define claramente el papel del Gobierno como el máximo órgano administrativo del Estado, el organismo que ejerce el poder ejecutivo, garantizando que el Gobierno sea proactivo y flexible en la dirección, operación y unificación de la gestión de la administración estatal desde el nivel central hasta el local.
La Ley ha aclarado los deberes, poderes y autoridad del Primer Ministro como jefe del Gobierno, liderando y asumiendo la responsabilidad de las operaciones del sistema administrativo estatal desde el nivel central al local; destacando los deberes del Primer Ministro en liderar, dirigir y operar las operaciones del sistema administrativo estatal desde el nivel central al local.
Las disposiciones de la Ley también aclaran la autoridad de los Ministros y Jefes de Organismos Ministeriales como titulares de ministerios y miembros del Gobierno. En particular, enfatiza la responsabilidad de los Ministros y Jefes de Organismos Ministeriales como miembros del Gobierno, responsables ante este de la gestión estatal de los sectores y ámbitos que este les asigne.
En esta capacidad, el Ministro y el Jefe de un organismo de nivel ministerial son personalmente responsables ante el Primer Ministro, el Gobierno y la Asamblea Nacional de los sectores y campos que se les asignan para su gestión, y explican y responden las preguntas de los diputados de la Asamblea Nacional.
Definir claramente las responsabilidades de los Ministros y los Jefes de los organismos de nivel ministerial creará condiciones para mejorar las responsabilidades de los Ministros en los Reglamentos de Trabajo del Gobierno, en lugar de trasladar la responsabilidad de decidir cuestiones específicas en sectores y campos al Primer Ministro, como es el caso actualmente.
Además, la Ley ha clarificado la relación entre el Gobierno, el Primer Ministro, los Ministros, los jefes de los organismos de nivel ministerial y las autoridades locales a través de los principios de descentralización, descentralización, delegación, garantizando la adhesión al lema: "la localidad decide, la localidad actúa, la localidad asume la responsabilidad", creando un mecanismo para resolver con prontitud las dificultades y los problemas institucionales, desbloqueando recursos, contribuyendo a mejorar la eficacia y eficiencia de la gestión del Estado desde el nivel central hasta el local.
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